Bajo Juárez: bajo mundo

El texto anterior fue corregido gracias a una gentil precisión de Vanessa Bauche, tan encantadora ella por escrito como en pantalla y seguramente en persona. Yo señalé algunos errores del documental que produjo, y la productora señaló un error del crítico, además de comentar el asunto brevemente. Coincidimos en que la principal aportación de Bajo Juárez – La ciudad devorando a sus hijas es mostrar el aspecto humano de la tragedia en la capital internacional del feminicidio y que no aporta nada nuevo en términos informativos y más bien complementa el documental Señorita extraviada, de Lourdes Portillo, así como los libros Huesos en el desierto, de Sergio González Rodríguez, y Cosecha de mujeres, de Diana Washington. Sin embargo, me permito hacer entonces una crítica más, sin ningún afán de descalificar este trabajo que efectivamente es emotivo, tiene ese efecto en la sensibilidad medianamente informada.

El tráiler promocional pregunta en boca de varios actores: “¿Te atreverías a descubrir la verdad?” “¿Te atreverías a saber qué hay detrás de los asesinatos de más de 400 mujeres?” Y dice: “Aunque estés harto de escuchar de Ciudad Juárez, no tengas miedo de saber la verdad”. El recurso publicitario despierta curiosidad morbosa y uno se pregunta en cambio: ¿Se atreverán a “descubrir” (poner al descubierto, públicamente) la verdad? ¿Se atreverán a denunciar qué hay detrás de los asesinatos de más de 400 mujeres? Y se dice: Aunque estén hartos de hablar de Ciudad Juárez, no tengan miedo de que se sepa la verdad. ¡Échenle huevos y ovarios! Pero el documental no hace eso; el tráiler no corresponde al trabajo de Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero, sus directores, sino al de Lourdes Portillo, Sergio González y Diana Washington, principalmente.

Partamos de la base. Lo que ocurre en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde que Francisco Barrio Terrazas asumió la gubernatura del estado a finales de 1992 es un genocidio y los genocidios son crímenes de estado en la medida que se cometen desde las cúpulas del poder político, desde sus más altas esferas, aunque los autores materiales sean asesinos rasos. Durante casi 17 años, esta masacre, fábrica de sufrimiento previo y posterior a la muerte, ha tenido como saldo el secuestro de más de 460 mujeres para hacerlas objetos desechables de violación sexual tumultuaria, torturas y mutilaciones, antes de asesinarlas, así como la desaparición de más de 600 que sufrieron o sufren, cabe imaginar, la misma suerte. Son más de mil víctimas directas, a quienes se suman sus familias, que pagan la culpa de los victimarios a veces con la vida, luego de la tortura y la cárcel. El genocidio es un crimen que atenta contra la humanidad, lo mismo que la desaparición forzada, que además es permanente: se comete durante el tiempo que la persona esté desaparecida, o sea, para siempre, en la mayoría de los casos; por eso no prescribe, nunca se olvida ni se perdona jamás (salvo en México, el paraíso de la impunidad). Como las escaleras se barren de arriba abajo, los principales responsables de los crímenes de estado que concurren en esta barbarie son los presidentes de la República, desde el usurpador en 1988 hasta su similar en 2006.

Francisco Barrio fue presidente municipal de Ciudad Juárez, bastión del cártel de Juárez, que financiará años después su campaña para la gubernatura del estado. Junto con el cargo público, Barrio asume en privado el papel de pelele o títere del crimen organizado, con el cual tiene deudas inconfesables, pero inocultables. “Aquí no pasa nada del otro mundo; han matado a unas cuantas putas y eso pasa en todos lados”. El poder criminal detrás del poder formal se expande al hemisferio y, además del narcotráfico, incluye el tráfico de armas y órganos humanos, la producción de videos sucios y pornografía infantil, industria a la cual no es ajeno Kamel Nacif Borge, corruptor de menores y mayores, explotador de mujeres maquiladoras, patrón de góberes “preciosos” y patrocinador de Vamos México, la fundación de Marta Sahagún de Fox.

Los funcionarios de Barrio directamente responsables de que el cártel de Juárez haga y deshaga a sus anchas son promovidos por Fernando Antonio Lozano Gracia, procurador panista incrustado en el gabinete de Ernesto Zedillo, un presidente genocida, primero por la ofensiva militar de 1995 en Chiapas, que traicionó el aparente proceso de paz y militarizó dicho estado o, por lo menos, la “zona de conflicto”, que geográficamente coincide con la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y después por la masacre de Acteal, culminación de otro genocidio sistemático, en este caso perpetrado por bandas paramilitares, formadas a su vez por el ejército federal con financiamiento “social”, engendro de la militarización y la contrainsurgencia, en cuya gestación cumple una protagónica función Eraclio Zepeda. Esos funcionarios estatales (mencionados en el texto anterior) -volviendo a Chihuahua- forman parte del “equipo de transición” de Vicente Fox y después ocupan puestos clave en el desgobierno federal, que hace simulaciones y monta farsas a propósito del horror en Ciudad Juárez, como las fiscalías especiales y demás. ¿Qué hace al respecto el espurio en turno? Militarizar el territorio municipal con 5,500 soldados y otros 1,300 patrullando los alrededores, una vez que llegan a nueve los asesinatos diarios en promedio atribuibles al crimen organizado.

El artífice financiero de Amigos de Fox, estructura paralela al PAN durante la campaña de 2000 para la presidencia de la República y cuyos gastos rebasan los límites legales, por cierto, es Lino Korrodi, padre de Karla Korrodi, a su vez esposa de Valentín Fuentes Téllez, uno de los principales sospechosos de la bestialidad genocida en Juárez y otros lugares, como la capital del estado, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que igual sospecha de Miguel Fernández, principal concesionario de la empresa embotelladora The Coca-Cola Company desde hace muchos años también en Ciudad Juárez, por lo que tampoco en este caso pasa desapercibida la relación con Vicente Fox, quien fuera presidente de la misma en toda Latinoamérica. Otros sospechosos para el FBI son Adolfo Cabada y Manuel Sotelo; uno es dueño de la televisora local Canal 44 y otro posee una compañía de transporte privado con numerosas unidades que viajan por el desierto fronterizo. Los cuatro son grandes magnates y tienen gran influencia en el poder formal, que no los ha tocado ni con el pétalo de una averiguación previa. Por el contrario, todo el sistema judicial de la entidad y su aparato de seguridad “pública” están al servicio de la red de secuestradores, violadores, torturadores, asesinos y demás que opera impunemente desde Guatemala hasta Canadá y España. Esta mafia, específicamente la familia de Valentín Fuentes, vende más del 90 por ciento del gas que importa Guatemala, país en donde tiene lugar también el síndrome de Ciudad Juárez; además exporta gas a España, en donde coincidentemente alguien destruye mujeres con idéntica saña. Dicha familia contó con la protección de Francisco Minjares, jefe del Grupo Antisecuestros de la Procuraduría local, involucrado con el narcotráfico y “uno de los policías más corruptos y asesinos del estado”, a decir del FBI. Minjares había concluido su investigación, plagada de irregularidades, contra Abdel Latif Sharif Sharif, presunto autor de la barbarie misógina en Juárez, cuando fue acribillado en 2003. Una de sus encomiendas, antes de abandonar la corporación en 2002, era la protección especial a familias poderosas de la entidad.

Después de su mandato en el estado de Chihuahua, ahora bajo el de Fox y sus “amigos”, Barrio Terrazas es secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) hasta 2003, y jefe de la bancada panista en la Cámara de Diputados hasta finales del sexenio, cuando busca infructuosamente la candidatura del PAN a la presidencia de la República. Desde enero de este año dice representar a México en Canadá, como aquí los titulares del Poder Ejecutivo, sus secretarios de “Gobernación” (seguridad nacional) y Seguridad “Pública” (más bien privada) y los procuradores generales de “justicia”. A nivel federal, ninguno de ellos ignora quiénes, dónde, cuándo y cómo hacen a cientos de jóvenes, en su mayoría trabajadoras, aunque también estudiantes, objetos de consumo desechable para placer demencial; ellos son cómplices por omisión o comisión, tanto como los gobernadores del estado, sus secretarios de gobierno y seguridad “pública” y sus procuradores, que procuran tener mucho cuidado con el crimen organizado…

El documental Bajo Juárez, que era el tema, no hace acusaciones (“esa no es labor de los cineastas, sino de periodistas y/o investigadores”, me dice la talentosa y carismática Vanessa Bauche, productora de este largometraje basado en una investigación que duró más de seis años), pero aporta algunas pistas y evidencias, algunos indicios y elementos de la connivencia gubernamental en la masacre de mujeres y niñas. Un hecho contundente es la “aparición” de Neira o más bien de su cadáver, mientras una fiscal especial ríe con singular alegría, en presencia de la familia y ante cámaras y reflectores, al día siguiente de que el procurador del estado, Chito Solís, bajo el mandato de Patricio Martínez García, espetara a familiares de la muchacha: “¡Ya me tienen hasta la madre! ¿Quieren un culpable? Mañana mismo lo consigo”. Entonces el funcionario sabía dónde estaba el cuerpo sin vida o quién lo tenía; nomás ordenó que lo sacaran del refrigerador y montaran la farsa del hallazgo ante los medios de comunicación. Nomás les faltaba un chivo expiatorio y escogieron al primo que trabajaba en Chiapas cuando fue cometido el crimen porque era quién más presión ejercía sobre las “autoridades” locales con apoyo de una organización no gubernamental de Los Ángeles, California, defensora de los derechos humanos. Este caso es emblemático porque resume la sucesión de injusticia multiplicada o la multiplicación de injusticia sucesiva, cadena de sufrimiento, así como el descarado cinismo de los servidores públicos (públicamente al servicio del crimen organizado), que debieron evitar que ocurra o, por lo menos, esclarecerlo, hacer justicia, vaya, no más injusticia. El caso es representativo del grado que alcanza la corrupción y descomposición del poder formal por su colusión con el poder criminal, maridaje o binomio que hace del poder uno solo, sea público o privado, político o económico.

El mérito de Bajo Juárez está en su efecto emotivo, pero su denuncia, ineludible fin siempre que sea tratado el tema, es demasiado pequeña para el tamaño de la tragedia y la ignominia, de tal magnitud a su vez que muy pocos lo ven y además asumen la complicidad del silencio.

Claro que todo lo anterior es pura hipótesis, que podría servir de guión a una película titulada El silencio de los culpables. Cualquier parecido con la realidad es imaginario.

____________________________

Más que una ciudad devorando a sus hijas, es una especie de bestia genocida, reproducida en múltiples ciudades y engendrada por una sociedad que padece del mayor mal de nuestra época, la descomposición humana, propiciatoria de un poder omnímodo que destruye todo cuanto puede, incluyendo a seres tan vulnerables como las mujeres y niñas que desaparecen vivas y aparecen muertas -en los casos menos desafortunados- a voluntad y conveniencia de la red criminal que hace de su complicidad una garantía de impunidad a gran escala y articulación medular de un sistema de perversión tan destructiva como la voracidad insaciable del olvido y su acumulación de tiempo muerto. Despertar de la pesadilla es imposible: hay que encarar a la bestia en su terreno.
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s